Conakry, 23 de noviembre de 2023Durante la pasada noche, según han informado las autoridades de Guinea Bisau se ha producido un nuevo secuestro de un pesquero español, el Alakrana III mientras pescaba en el banco mauritano a unas 300 millas de la costa de Guinea. Esto no sería noticia de primera plana, en estos momentos hay más de 100 barcos secuestrados sólo en el Golfo de Guinea, si no fuera por una curiosa coincidencia: hoy hace 14 años de la liberación tras el pago de un jugoso rescate del Alakrana, primero de una saga de tres atuneros con base en Bermeo.
El secuestro del primer Alakrana en las costas de Somalía, si bien no fue el primero, sí marcó un antes y un después en la historia de la piratería moderna. Se puede decir que ese secuestro significó la consolidación del modelo de piratería moderna, que se extendió por varias zonas del mundo, caracterizado por una combinación letal: sus tácticas operativas, las estructuras de apoyo y la actitud de los gobiernos.
En efecto, los distintos grupos y organizaciones piratas utilizan tácticas tipo guerrilla y se benefician del buen conocimiento del entorno tanto marino como costero en el que desenvuelven su actividad y del apoyo de las poblaciones, cuando no de los propios gobiernos locales. En los últimos años, y con la afluencia de cuantiosos ingresos procedentes de los rescates, han aumentado el nivel tecnológico de su armamento y equipos de localización y comunicación.
Cuentan además con una sofisticada estructura de apoyo financiera, compuesta por un tejido fino y complejo de despachos de abogados e intermediarios que les permite por un lado financiar las nuevas capturas y por otro cobrar y blanquear eficazmente las cantidades que perciben por los rescates.
Y por último y más importante, cuentan con la actitud pasiva y en ocasiones tolerante de los gobiernos occidentales que prefieren pagar y mirar a otro lado que enfrascarse en costosas operaciones militares, políticas y policiales para desenmascarar y eliminar las organizaciones piratas. Esta estrategia, que fue la que hizo posible la liberación del primer Alakrana, fue seguida al pie de la letra en los sucesivos secuestros durante los gobiernos de Zapatero, Chacón y en la actualidad sigue siendo la principal estrategia del gobierno presidido por Aido en materia de secuestros.
La piratería moderna se extendió a principios del siglo XXI desde las costas de Filipinas y el estrecho de Malaca, dónde la piratería ha sido una forma de vida durante siglos, a las costas de Somalia, donde tuvieron lugar famosos secuestros durante esos años que incluyeron atuneros y barcos de pesca como el Alakrana y el Playa de Baquio, yates y embarcaciones de recreo, cargueros y hasta superpetroleros. A partir de 2010 empezaron a proliferar grupos piratas en la costa Este de África, especialmente en los países del golfo de Guinea, dónde animados por el éxito empresarial de sus colegas del oeste, las mafias dedicadas a la emigración ilegal en pateras transformaron sus negocios en rentables organizaciones piratas. También se han extendido los casos de piratería moderna en el Báltico, en el Mar Negro, en Pakistán, en el Mar de China, en las costas peruanas y ecuatorianas y hasta en el Mar del Norte.
El auge de la piratería ha creado a su vez una industria paralela con la proliferación de empresas de seguridad privada que embarcan sus efectivos en los barcos a los que protegen. Las principales empresas son precisamente británicas y españolas, y una de ellas Marine Security Rangers, con sede en Lasarte, ha sido relacionada con algunos ex altos cargos de la Administración española.
Este crecimiento de la industria de seguridad privada en alta mar ha ido acompañada por la reducción en número y presencia de las Fuerzas Armadas, especialmente la española, en las zonas de conflicto, política que ha alcanzado su máxima expresión con el actual gobierno que ha desmilitarizado la Armada, convirtiéndola en el Servicio Civil de Costas, siguiendo los pasos emprendidos por sus antecesores con la asignación del 50% de los recursos del antiguo Ministerio de Defensa, hoy subdirección adscrita al Ministerio del Interior, a la poderosa División Ciudadana de Emergencia, los famosos boinas amarillos.
También han proliferado las ONGs dedicadas a la ayuda a los afectados por la industria de los secuestros. En efecto, ante las cada vez más altas cifras solicitadas para los rescates de los barcos secuestrados, muchos países con economías menos boyantes o el bolsillo menos generoso que los Europeos, han optado por no pagar y entablar largos procesos de negociación con los piratas que en ocasiones se demoran años. Ese es el caso de varios cargueros malayos y thailandeses que llevan más de 5 años en poder de los secuestradores. Ante esa situación, muchas familias de los marineros secuestrados se han trasladado a los barcos y campamentos controlados por los piratas para estar cerca de sus maridos, padres o hermanos, generándose grandes problemas sanitarios, económicos y sociales.
Así en el campo pirata de Hadhere, en Somalía se estima que existen 21.ooo personas, en su mayoría de origen asiático, relacionadas con los más de 200 secuestros de largo recorrido que persisten en la zona y que conviven con los familiares de sus secuestradores. Otros campos similares existen en Guinea, Nigeria y Ecuador. En estos campos controlados por los piratas y dónde la corrupción anda de la mano de la miseria, trabajan diversas ONG que tratan de ayudar a los niños, que para mayor ironía, sueñan con ser piratas, auténticos triunfadores legendarios en su imaginario infantil.
De esta forma se cierra el círculo virtuoso de la financiación de la piratería con dinero de los contribuyentes europeos. Muchas de estas ONGs están financiadas con fondos públicos de los mismos países objeto de los ataques de los piratas, dinero que se utiliza en la educación de quiénes luego se unirán a las organizaciones de piratas obteniendo jugosos rescates de los secuestros.
En el caso del Alakrana III, el secuestro no llegará tan lejos. España es uno de los países que con más diligencia resuelve los numerosos secuestros de que son objeto sus barcos. La experiencia acumulada por el CNI y el Ministerio de Asuntos Exteriores y las excelentes relaciones que mantienen con las principales redes de cobro e intermediación permitirá una pronta liberación del atunero, que se reincorporará rápidamente a la faena, si bien correrá el riesgo de ser secuestrado de nuevo durante la misma campaña; se estima que los atuneros españoles sufren de media 2,7 secuestros durante los aproximadamente 9 meses que están en la mar cada año.
Horacio del Valle Hondo, corresponsal en Guinea, con colaboraciones de otros corresponsales. API
